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Corporación de Asistencia Judicial logra importante precedente para garantizar el Derecho a la Vida

Un importante precedente judicial quedó establecido en el país gracias a las gestiones realizadas por el consultorio jurídico Civil de Concepción de la Corporación de Asistencia Judicial del Biobío (CAJ), unidad que a través de sus profesionales interpuso un recurso de protección para garantizar el acceso a un costoso tratamiento de Cristóbal, un menor de un año de edad, quien sufre de una extraña enfermedad degenerativa.

Se trata del primer recurso de protección acogido por la Corte Suprema para un menor de Concepción diagnosticado con Atrofia Muscular Espinal (AME), que no está cubierta por la Ley Ricarte Soto, y que implica adquirir y suministrar el medicamento “Spinraza”, el único que podría aliviar y detener la deformación generativa y el cual tiene un alto costo, con un valor aproximado de 500 millones de pesos para el tratamiento durante los primeros 12 meses.

Derecho a la vida

La mamá de Cristóbal, junto con la madre de otro menor, concurrió en enero de este año al consultorio jurídico Civil Concepción de la CAJ Biobío, solicitando el patrocinio de la Institución, “para interponer recursos de protección por la negativa de Fonasa y el Servicio de Salud de Concepción y Talcahuano, de adquirir y administrar este medicamento”, dijo Iván Arriagada, abogado jefe del consultorio y patrocinante de la mamá del menor.

Arriagada explicó que en el mes de marzo del presente año, fueron interpuestos dos recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Concepción, con el patrocinio de la CAJ. “Pero, inexplicablemente, la Corte falló en contra, no dando lugar a lo solicitado, con el único argumento de que era muy oneroso para las instituciones del Estado, pues no estaba este medicamento dentro de los presupuestos de dichas entidades”, dijo.

Por este motivo, explicó el profesional, se interpuso por Segunda Instancia el recurso de apelación ante la Corte Suprema, la que falló revocando lo resuelto por la primera sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, “señalando que no puede primar el factor económico, en desmedro del Derecho a la vida consagrado por nuestra Constitución Política”, dijo Arriagada.

De esta forma, el fallo establece que “los recurrridos –Fonasa y el Servicio de Salud Concepción– deberán realizar las gestiones pertinentes para la adquisición y suministro del fármaco identificado como Spinraza o Nusinersen, mientras los médicos tratantes así lo determinen, con el objeto que se inicie en el más breve tiempo el tratamiento del indicado menor con este medicamento”.

Respecto al segundo recurso –presentado contra el Servicio de Salud Talcahuano y hospital Higueras, y acogido por la Corte de Apelaciones de Concepción en todas sus partes–, el abogado Iván Arriagada informó que está en trámite para su fallo en la Corte Suprema, “pues se encuentra acordado y designado el ministro redactor”.

 

Las gestiones realizadas por la CAJ Biobío, permitieron establecer un precedente, al establecer el fallo de la Corte Suprema que no puede primar el factor económico en desmedro del Derecho a la Vida garantizado por la Constitución Política.

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