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CAJ logra inédita sentencia de revocación de interdicción

Una sentencia inédita en la región de la Araucanía obtuvo la Corporación de Asistencia Judicial, al lograr, a través de las gestiones del abogado del convenio CAJ-SENADIS, Jonathan Gutiérrez, la rehabilitación de la interdicción que afectaba a un joven de 20 años de un sector rural de la comuna de Nueva Imperial.

De esta forma, la sentencia que dio lugar a la solicitud (Ver “Sentencia”), ordena dejar sin efecto la interdicción, pues “su discapacidad es sólo de origen físico (…) con ausencia de enfermedad mental que justifique mantener al referido en calidad de interdicto”. Por este motivo –concluye la sentencia– “se rehabilita al joven en su calidad de persona completamente capaz para el ejercicio de sus derechos, dejando sin efecto el nombramiento de curador definitivo que recaía en su tía”.

Lo que se refuerza en este caso –dijo el abogado Jonathan Gutiérrez– es que el IPS, que es el organismo que paga la pensión básica solidaria de invalidez, reiteradamente envía a las familias de las personas con discapacidad a efectuar la interdicción, para facilitar el cobro de la pensión, “pero detrás de eso están las graves consecuencias de privar a las personas declaradas interdictos, de poder firmar o prestar su consentimiento en trámite alguno, como contraer matrimonio, reconocer un hijo, comprar o vender bienes, firmar contrato de trabajo, entre otros”, afirmó.

Es más, el profesional advirtió que la interdicción ha sido objeto de muchas críticas y observaciones por parte de las Naciones Unidas y de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Chile, y que impone la obligación de reconocer a estas personas su capacidad jurídica, haciendo efectivos los principios de vida independiente y no discriminación, recogidos además en la Ley N°20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

“En el caso de este joven, pese a que es totalmente independiente, que estudió y trabaja actualmente, su tía, a requerimiento del IPS, decidió declarar su interdicción”, afirmó el abogado, quien, entre las gestiones que debió realizar para el procedimiento judicial, incluyó la solicitud de una nueva evaluación al COMPIN (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez), que arrojó finalmente que el joven sólo posee una discapacidad equivalente al %28,60, y cuyo origen es sólo físico, lo que fue esencial para fundamentar la sentencia.

 
 
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