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Mauricio Vergara Cangas
 Director General (s)

31 años de vida no son pocos en una institución. Desde que fue creada legalmente el 8 de Mayo del año 1981, la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío (CAJ BIO-BIO) ha pasado de ser una “heredera” de los antiguos “colegios de abogados”, cumpliendo una función principalmente de asesoría y atención legal a personas de escasos recursos, a transformarse en una Institución multidisciplinaria cuyos servicios exceden con creces los originalmente considerados en Ley 17.995 de su creación, adecuándose a los cambios que nuestro país ha experimentado.
 
Sobre todo en los últimos años, con la implementación de reformas sustantivas que buscan mejorar la eficiencia en el acceso y la aplicación de Justicia (Procesal Penal, Familia, Laboral) la CAJ BIO-BIO ha ido asumiendo nuevos desafíos en su misión fundamental de entregar un servicio de calidad a las personas que acuden diariamente a las diferentes unidades de atención  para solucionar sus problemas jurídico-sociales.

Puede decirse que, actualmente, la CAJ BIO-BIO –junto a las otras tres corporaciones de asistencia judicial creadas por la misma Ley-  es el “estudio jurídico” más grande del país, con miles de atenciones e ingresos judiciales cada año en las principales materias de atención institucional. Así, personas que tienen problemas en las áreas de Familia, Laboral, Civil, han sido víctimas de algún delito violento o desean acceder a una instancia de Mediación, pueden acercarse a un consultorio jurídico o unidad de atención en su comuna de residencia o cercana a ella, como efectivamente sucede diariamente desde San Carlos por el Norte, hasta Cochrane en el extremo sur, incorporando a la nueva Región de Los Ríos.

Pero esto implica disponer de una capacidad de atención que tiene el desafío principal de contar con el personal e infraestructura necesaria para poder entregar un servicio eficiente. En este aspecto, comparando la realidad actual con el modesto comienzo, ha existido un progreso constante como Institución, que ha significado la contratación de mayor personal administrativo y profesional, la incorporación paulatina de equipamiento computacional y el mejoramiento de infraestructura. 

Todo esto, pensando en el beneficio de los miles de usuarios atendidos, que ponen su confianza en el desempeño profesional de abogados y asistentes sociales mayoritariamente, además de sicólogos, receptores judiciales, secretarias y personal administrativo. También en los Postulantes, egresados y licenciados de Derecho que, junto con desarrollar habilidades y competencias laborales, adquieren un compromiso y conciencia social con los más necesitados durante los meses que dura su práctica profesional.

De esta forma, existe un trabajo constante y permanente para que aquella asociación “gratuidad-mal servicio” tan enraizada en la comunidad, no sea la que inspire nuestra labor. Todo lo contrario, que el accionar institucional esté fundado en la eficacia de un buen servicio, que incluye no sólo la atención, sino también el desarrollo e implementación en la comunidad de múltiples  instancias de capacitación o difusión. En definitiva, que el “acceso a la Justicia” sea palpable y con iniciativas concretas de participación, más que una frase etérea, asumiendo el desafío que cada día nos impone ser una Institución de servicio público que trabaja para y por las personas de escasos recursos que ponen su confianza en nosotros.
 
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