• Los delitos fueron cometidos por el padre biológico de las víctimas, en un caso que involucró hechos ocurridos en las comunas de Los Ángeles, Mulchén y Quilaco.
El Programa mi Abogado (PMA) de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región del Biobío (CAJ Biobío) valoró la decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles que condenó a 30 años de cárcel a un padre que, de manera reiterada, cometió delitos sexuales en contra de sus hijas.
De acuerdo con los antecedentes del caso, los hechos se extendieron durante varios años y ocurrieron en las comunas de Los Ángeles, Mulchén y Quilaco, en la provincia de Biobío.
El Seremi de Justicia y DDHH de la Región del Biobío y presidente del H. Consejo Directivo de la CAJ Biobío, Robert Contreras Reyes, señaló que este fallo confirma la firmeza del sistema de justicia ante agresiones contra la infancia.
“Este resultado evidencia el impacto del trabajo articulado de la Corporación de Asistencia Judicial y del Programa Mi Abogado en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ponemos especial énfasis en robustecer la protección de las víctimas y garantizar un acceso efectivo a la justicia”, agregó.
La pena contempla 20 años de presidio por el delito reiterado de violación impropia y 10 años por el delito reiterado de abuso sexual impropio, ambos en contexto de violencia intrafamiliar. Además, establece penas accesorias y medidas de protección para las víctimas, entre ellas la prohibición de acercamiento por un período de dos años, además de las sanciones legales correspondientes a la naturaleza de los delitos.
REPRESENTACIÓN ESPECIALIZADA Y PROTECCIÓN DE DERECHOS
Al respecto, la coordinadora regional del Programa Mi Abogado Biobío, Paola Bustamante Maturana, destacó la relevancia de la representación especializada y del trabajo articulado entre las instituciones que intervienen en estos procesos.
“Este resultado refleja la relevancia
de la representación jurídica especializada de niños, niñas y adolescentes
víctimas de graves vulneraciones de derechos, así como el compromiso
institucional con la protección, restitución de derechos y acceso a la
justicia. Del mismo modo, da cuenta de la importancia del trabajo coordinado y
sostenido entre los distintos actores del sistema de protección y justicia para
el avance de procesos judiciales complejos y de alta sensibilidad”, señaló.
Durante el juicio, la abogada curadora
intercedió para garantizar que una de las víctimas pudiera ser debidamente
escuchada, considerando su interés manifiesto y el principio de participación.
Este hito resultó especialmente relevante, ya que las declaraciones
coincidentes de ambas niñas respecto de los hechos, lugares y autor permitieron
robustecer la prueba que condujo a la sentencia condenatoria.
El Programa Mi Abogado, quien actuó como querellante en esta causa, brinda representación jurídica especializada e interdisciplinaria a niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado del Estado o en situaciones de especial vulnerabilidad, procurando que sus derechos e intereses sean resguardados durante los procesos judiciales y que su opinión sea considerada de acuerdo con su edad y madurez.
En ese sentido, Robert Contreras llamó a la ciudadanía a utilizar los servicios gratuitos de acceso a la justicia. “El Estado dispone de las herramientas necesarias para acompañar y representar a quienes lo necesiten”, enfatizó.
A través de su labor, el Programa Mi Abogado contribuye al acceso efectivo a la justicia y a la protección integral de la niñez y adolescencia, especialmente en causas que requieren una intervención especializada, coordinada y sostenida para avanzar en la restitución de derechos.
