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Director General (s) de la CAJ Biobío da la bienvenida a nuevos profesionales del programa La Niñez y la Adolescencia Se Defienden

Director General (s) de la CAJ Biobío da la bienvenida a nuevos profesionales del programa La Niñez y la Adolescencia Se Defienden

En total son 11 los profesionales que llegaron a reforzar las oficinas que operan en las tres provincias del Biobío, entre ellos nueve abogados, dos trabajadoras sociales y un técnico jurídico.

El Director General (s) de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) del Biobío, Mauricio Vergara Cangas, encabezó este lunes 04 de marzo la bienvenida a los nuevos funcionarias y funcionarios que integrarán el programa especializado La Niñez y la Adolescencia Se Defienden (NAD) en la Región del Biobío. 

En total son 11 los profesionales que llegaron a reforzar las oficinas que operan en las tres provincias del Biobío, entre ellos nueve abogados, dos trabajadoras sociales y un técnico jurídico; quienes fueron acompañados por la coordinadora regional del programa Valentína Cárceres Silva y la Coordinadora Técnica, Carol Hardie Rozas. 

Sobre este hito, Mauricio Vergara declaró que “es relevante dar un saludo de bienvenida a quienes tendrán la importante misión de dar representación socio jurídica a los niños, niños y adolescentes antes los tribunales del país, por ello hemos llegado hasta acá para reforzar la importante misión que tenemos como organización que es asegurar el acceso a la justicia de todos y todas”.

El programa de asistencia jurídica integral de las Corporaciones de Asistencia Judicial reconoce en los niños, niñas y adolescentes el derecho a contar con representación jurídica especializada, esto es, de abogados que tengan conocimiento y formación en derecho de familia, derechos humanos, en la Convención de Derechos del Niño y de las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño.

Los NNA serán atendidos de manera exclusiva por estos abogados, y acompañados durante todo el proceso, haciendo posible el ejercicio de sus derechos, en el marco de un debido proceso que los visualiza como sujetos titulares de derechos humanos, que, por su condición, merecen especial protección por parte del Estado.

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