CAJ Biobío fue representada por la exposición del abogado del Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI), Cristian Ahumada Lazcano, en la exposición denominada: “Siempre tuve una máscara, una sonrisa falsa: El daño como prueba indiciaria en los delitos sexuales”.
Valparaíso, 25 de noviembre. — La Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) fue epicentro de la IV Jornada Nacional de las Corporaciones de Asistencia Judicial, instancia que este año se tituló “Experiencias y desafíos actuales en el Acceso a la Justicia”.
La actividad se constituyó como un espacio de encuentro, reflexión y análisis sobre las experiencias, avances y desafíos de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) en un contexto marcado por la creciente demanda ciudadana por mayor acceso a la justicia y por los cambios que traerá la nueva institucionalidad del sector.
La edición 2025 de la Jornada se desarrolló, además, en un momento significativo para la labor de las cuatro CAJS del país: La conmemoración de los 100 años del Trabajo Social en Chile y la reciente promulgación de la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, hitos que marcaron el desarrollo de este hito institucional.
El programa de la IV Jornada Nacional de las Corporaciones de Asistencia Judicial contempló presentaciones de especialistas provenientes de las cuatro CAJ del país junto a una representante de la Facultad de Derecho de la PUCV. Las ponencias que se presentaron fueron: “Solución Colaborativa de Conflictos. Aplicación del derecho de acceso a la justicia con participación de sus intervinientes”; “El rol del trabajador social en la CAJ: Aportes al acceso a la justicia a cien años del Trabajo Social en Chile”; “Siempre tuve una máscara, una sonrisa falsa: El daño como prueba indiciaria en los delitos sexuales”; “Dificultades de las familias migrantes para la regularización de niños, niñas y adolescentes y los mecanismos judiciales utilizados en la Región de Tarapacá”, y “Lenguaje claro desde un enfoque de derechos: Aportes desde el Trabajo Social”.
La Jornada contó con la participación de los directores generales de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial del país, Carolina Fernández (CAJTA), Gastón Gauché (CAJVAL), Rodrigo Mora (CAJ Metropolitana) y Mauricio Decap (Cajbiobio), además de académicos, profesionales del ámbito jurídico-social y autoridades vinculadas al sistema de justicia. La presencia de estos actores reforzó el carácter nacional, multidisciplinario y estratégico del encuentro.
Mauricio Decap Fernández, destacó que “este encuentro reafirma el compromiso de avanzar hacia un modelo de atención más articulado y accesible, en el contexto de la implementación del Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, orientado a mejorar la cobertura, la calidad y la oportunidad en la orientación y representación jurídica de las personas”.
Cabe destacar que, en el marco de la conmemoración de los 100 años del trabajo social en Chile, CAJ Biobío rindió un homenaje a la asistente social, Mariela Fuentealba Retamal, quien integró la institución por más de 30 años hasta su fallecimiento en septiembre pasado.
La actividad se consolidó como un espacio clave para el intercambio de buenas prácticas, la actualización profesional y el análisis conjunto de los desafíos que enfrentará la política pública de acceso a la justicia en los próximos años.
Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas
La jornada, asimismo, fue escenario para la difusión del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas, cuya ley que lo crea fue publicada el 13 de noviembre de 2025 en el Diario Oficial. Con esta normativa, las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) se transformarán paulatinamente en un servicio público nacional, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Algunos puntos clave de la ley son que el nuevo Servicio tendrá presencia nacional, con 16 direcciones regionales, facilitará el acceso a la justicia mediante orientación legal, asesoría y representación jurídica para quienes no pueden costearla o pertenecen a grupos vulnerables, así como apoyo psicosocial cuando corresponda; incorpora una Defensoría de Víctimas, que brindará atención jurídica y psicosocial especialmente a personas afectadas por delitos, con un enfoque en los más violentos´.
Asimismo, promueve la resolución colaborativa de conflictos; incluye mediación familiar obligatoria, con el fin de evitar la judicialización innecesaria de los conflictos, establece estándares técnicos y de calidad para la prestación del servicio, con mecanismos de auditoría externa.
